La realidad es que en Argentina existe una profunda asimetría entre quienes pagan impuestos y no pueden evadir y entre quienes no lo pagan o son beneficiarios en términos netos; es decir que reciben, mediante subsidios, más de lo que pagan de impuestos. Esta asimetría castiga a los sectores que generan riqueza y que no consiguen despegar frente a la persecución permanente de las Administraciones fiscales en su apetito insaciable de recaudar.

El sistema tributario argentino posee una compleja grilla de gravámenes, en el cual coexisten más de 100 impuestos y más de 45 regímenes de información que abarcan las esferas nacionales, provinciales y municipales, siendo esto una prueba de la avidez de los diferentes niveles de gobierno por aumentar sus ingresos fiscales sin importar el grado de distorsión que ello genera.

Sin embargo, es un tema tabú para los gobernantes, dado que son su base de sustentabilidad y también para quienes subsisten de la ayuda del Estado, ya sean empleados públicos o beneficiarios del amplio e ineficiente sistema de seguridad social en nuestro país.

Si bien, dada la complejidad del sistema, es imposible establecer cual es la verdadera carga tributaria sobre un contribuyente medio, al existir múltiples categorías de contribuyente medio, y debería asignarse eficientemente el perfil de cada contribuyente teniendo en cuenta  su real capacidad contributiva según su renta, patrimonio y consumo.

Según AFIP, durante el 2016 el Estado Federal recaudo aproximadamente un 31% del PBI nominal. Esto representa en términos corrientes, cerca de 51.936 pesos por habitante, algo así como 4.328 pesos por mes. Sin duda que quienes están en blanco pagan mucho más que dicha cifra a lo largo del año. Si bien es casi imposible determinar en promedio cuanto, un cálculo general nos permitirá ilustrar al respecto. Por ejemplo, un individuo soltero cuyo sueldo bruto en el sector privado formal, durante 2016, ascendió a 30 mil pesos mensuales, paga aproximadamente 14 mil pesos de ganancias y 61 mil de cargas sociales y jubilación. Y esto no son todos los impuestos que paga, puesto que por cada peso que consume en blanco abona un 21% de IVA y un 3.5% promedio de impuesto sobre ingresos brutos.

Más allá del ejemplo, los políticos se olvidan de que un impuesto constituye una pérdida de eficiencia para toda la sociedad. Esta menor eficiencia condiciona la generación de riqueza y reduce la posibilidad del emprendimiento de nuevos negocios.

Los impuestos generan una distorsión que se traduce en una menor cantidad de riqueza producida y en un nivel de precios más alto. Profundizar la presión impositiva solo agrava el problema, pues con menor crecimiento económico se acrecientan los problemas de financiamiento de los gastos del Estado.

Si queremos recuperar el sendero de crecimiento sostenido, resulta esencial entender que cada nuevo peso que se gasta en el Sector Público, ya sea en subsidios, planes sociales o en salarios, significa que se deberá producir en el sector privado una cifra mayor al peso redistribuido. Esta pérdida de eficiencia significa que las transferencias vía impuestos no son neutrales e imponen un costo de eficiencia sobre aquellos sectores que generan riqueza y, por ende, es una pérdida de bienestar para toda la sociedad.

Por Fernando Del Puerto

Fernando Del Puerto

Director, Puerto Económico

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